Las primeras informaciones de la prensa local indicaban que elementos del Ejército ingresaron la madrugada del 28 de junio a la residencia del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ubicada en la colonia Tres Caminos, en Tegucigalpa, luego de desarmar a la guardia presidencial.
Su captura estaría vinculada a la consulta popular que convocó el mandatario hondureño en la que se preguntaría al pueblo si estaba de acuerdo en colocar una urna especial en las elecciones generales, que se realizarían en noviembre, para que decidiera la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En Honduras se colocan tres urnas en los comicios generales: una para votar por el presidente, otra para votar por alcaldes, y una más por candidatos a diputados, pero la cuarta posibilitaría, según los opositores, cambios constitucionales para una reelección presidencial, no permitido en la actual carta magna de ese país.
Tras ser detenido, Zelaya fue trasladado por un grupo de militares encapuchados a las instalaciones de la Fuerza Aérea para llevarlo a Costa Rica; minutos después, en una acción concertada, la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, y los demás miembros del gabinete fueron detenidos.
El Congreso Nacional fue citado para reunirse de emergencia, mientras la cúpula militar se encontraba acuartelada en la sede de sus instalaciones en Tegucigalpa.
La crisis inició el 24 de junio, cuando Zelaya decidió destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, luego que éste le comunicó que la institución no podía apoyarlo en la aplicación de la encuesta. Poco después presentaron su renuncia los generales y comandantes del ejército, la fuerza aérea y la naval.
Esto recrudeció el enfrentamiento, ya para entonces abierto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y posibilitó la intervención militar que tuvo su punto culminante en el golpe de Estado.
Esta acción no demoró en conocerse en el resto del mundo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocaba a una reunión de emergencia, mientras el presidente del Congreso de Honduras, Roberto Micheletti, juraba como mandatario provisional de ese país centroamericano.
El organismo internacional, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Sin embargo, si resultasen infructuosas las negociaciones convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas.
Su captura estaría vinculada a la consulta popular que convocó el mandatario hondureño en la que se preguntaría al pueblo si estaba de acuerdo en colocar una urna especial en las elecciones generales, que se realizarían en noviembre, para que decidiera la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En Honduras se colocan tres urnas en los comicios generales: una para votar por el presidente, otra para votar por alcaldes, y una más por candidatos a diputados, pero la cuarta posibilitaría, según los opositores, cambios constitucionales para una reelección presidencial, no permitido en la actual carta magna de ese país.
Tras ser detenido, Zelaya fue trasladado por un grupo de militares encapuchados a las instalaciones de la Fuerza Aérea para llevarlo a Costa Rica; minutos después, en una acción concertada, la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, y los demás miembros del gabinete fueron detenidos.
El Congreso Nacional fue citado para reunirse de emergencia, mientras la cúpula militar se encontraba acuartelada en la sede de sus instalaciones en Tegucigalpa.
La crisis inició el 24 de junio, cuando Zelaya decidió destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, luego que éste le comunicó que la institución no podía apoyarlo en la aplicación de la encuesta. Poco después presentaron su renuncia los generales y comandantes del ejército, la fuerza aérea y la naval.
Esto recrudeció el enfrentamiento, ya para entonces abierto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y posibilitó la intervención militar que tuvo su punto culminante en el golpe de Estado.
Esta acción no demoró en conocerse en el resto del mundo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocaba a una reunión de emergencia, mientras el presidente del Congreso de Honduras, Roberto Micheletti, juraba como mandatario provisional de ese país centroamericano.
El organismo internacional, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Sin embargo, si resultasen infructuosas las negociaciones convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas.
Ahora en medio de un toque de queda decretado como primera medida de Micheletti, el pueblo hondureño vive una incertidumbre política; las telecomunicaciones, incluidas las líneas telefónicas e Internet fueron bloqueadas, el servicio eléctrico también se interrumpió, mientras que el canal 8 de televisión y el 36 fueron sacados del aire.
El golpe de Estado contra Zelaya ha llevado a una crisis política interna y la reacción de la comunidad internacional comenzó a aplicar las primeras sanciones comerciales y económicas a Honduras encabezado por el nuevo régimen.
La OEA dio un plazo de 72 horas para la restitución de Zelaya en su cargo, de lo contrario el gobierno instalado por el Congreso sería expulsado del Sistema Interamericano, pero Micheletti se adelantó y anunció que Honduras abandonaba el organismo con "eficacia inmediata", ante la negativa del secretario general, José Miguel Insulza, de aceptar las explicaciones sobre la destitución de Zelaya de la presidencia.
Con esta decisión Honduras ya no estaría sujeta a sanciones por parte de la OEA, sin embargo, al dejar de formar parte pierde todos los derechos, como financiamientos y coberturas internacionales en este periodo y en los siguientes gobiernos.
Los fondos a Honduras, que superan los 300 millones de dólares, incluyen la asistencia de la Oficina de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Cuenta del Desafío del Milenio.
Al parecer Zelaya se mantedrá en el exilio y seguirá como el jinete sin cabeza, Micheletti ha dado golpes certeros, hasta ahora, para los opositores. Habrá que esperar que le depara el destinio al pueblo hondureño, ojalá y esta historia no tenga el epílogo que Palestina al mando de Hamas.
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